Estrategia en Puerto Rico rebota contra Estados Unidos : CMI-PR

SAN JUAN, Puerto Rico, 2 de noviembre de 2015 (NCM) – El Gobierno de Puerto Rico, que ha iniciado el proceso de derrocar la democracia como garantía para Wall St., decidió dejar secar las reservas de agua por, supuestamente, no tener dos mil millones de dólares que cuesta dragar los lagos y amenaza ahora con el colapso del sistema eléctrico en 2016.

Mientras tanto, el propio Gobierno gasta millones de dólares en unión a sectores privados para una gran movilización de masas que respalde una propuesta del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que el Congreso asigne más dinero a la industria de la salud en Puerto Rico, so color de atender a los más pobres.

La situación contradictoria ocurre en momentos en que continúa incierta la situación sobre la deuda pública –que el Gobierno admite es de cerca de 150.000 millones de dólares- y se complica más el panorama con la reaparición en la escena pública del gigantesco radar que vigila América del Sur y que la jefatura del Comando Sur había informado hace más de un año que ya no existía. También es parte de ese marco externo, la presión diplomática para que territorios coloniales bajo observación de las Naciones Unidas no resuelvan sus casos mediante la independencia sino con reformas autonómicas, como en el Sahara Occidental y en Nueva Caledonia.

Para Washington, la estrategia ha resultado exitosa en términos de que el gobierno isleño es el que carga con la mayor cuota de responsabilidad en opinión de la población y de que por el temor que infunde la independencia en sectores importantes del país, han tenido eco los llamados a que se deje de lado el tema de la condición colonial para atender la crisis. En la misma perspectiva se ve al gobierno autonomista, que usa un discurso múltiple para fijar la responsabilidad en todos lados menos en la presente administración y ha logrado mantener apoyos o silencios útiles de algunos sectores de izquierda para prevenir temas escabrosos

Pero la estrategia de los gobiernos de Washington y San Juan tiene el resultado, entre otros, de que hay asuntos que se quedan sin atender a tiempo.

Por ejemplo, el racionamiento extendido de agua para grandes sectores metropolitanos, que comenzó en mayo, se produjo exactamente al cumplirse el plazo de cuatro años que había pronosticado –en mayo de 2011- la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que una temporada de seca lo provocara, si no se dragaban los lagos. En la misma dirección, la Autoridad de Energía Eléctrica informó en 2013 que el dragado de los lagos, cuyo costo se calculaba en dos mil millones de dólares, no sólo evitaría el racionamiento, sino que tendría la utilidad de poner al país en condiciones de producir energía hidroeléctrica y reducir así la dependencia en los combustibles fósiles.

A pesar de eso, según informes del propio Gobierno, EEUU no ha hecho una batimetría de los embalses desde 2012, por lo que no se conoce cómo va el problema de la sedimentación y no hay perspectivas de dragado. De hecho, luego de semanas de gestiones, el Gobierno no pudo ofrecerle a NCM Noticias ni siquiera los datos en su poder sobre los costos, sino que se limitó a indicar que no se contaba con el dinero para hacer un dragado completo y hubo fuentes en la alta jerarquía del oficialista Partido Popular Democrático que afirmaron que lo mejor era dejar que se secaran y construir nuevos.

Mientras tanto, en un documento de la Autoridad de Energía Eléctrica, de octubre pasado y para presionar a la Legislatura para que apruebe la restructuración de esa corporación, dice que de no aprobarse los cambios, el año que viene se producirá el colapso del sistema. Pero las explicaciones del documento no aclaran cómo un cambio en la ley cambiará de manera rápida las condiciones deterioradas.

El documento sí especifica que parte del plan para la entrega parcial de la corporación a los inversionistas privados incluye establecer una entidad “distante de la quiebra” que emita los bonos que necesita la corporación y transfiera a ella el dinero, que garantizaría un cargo que pagarían los consumidores de electricidad. El esquema, de apariencia legal cuestionable, es para emitir miles de millones de dólares de deuda, si logran convencer a las clasificadoras de que no se trata de una treta y se les libera de la categoría de “basura”.

El caso de las dos corporaciones que sostienen buena parte de la infraestructura productiva y social presenta la característica de ser sintomático del deterioro general, en el que muchos se plantean la utilidad de entregar derechos constitucionales y la democracia para garantizar las ganancias a los inversores.

Para eso, el gobierno autonomista –que ya lleva un tiempo ensayando a imponer mediante decreto asuntos derrotados en la Legislatura usando temas que son de agrado de los liberales- intenta lograr los votos para aprobar una llamada Junta de Supervisión Fiscal, formada por ejecutivos contratados y que podrá conducir sus asuntos en inglés a puerta cerrada. El organismo certificará gastos y presupuestos y sus poderes llegarán al punto de solicitar el encarcelamiento por desacato a los desobedientes.

El Ejecutivo insiste en que esas medidas son necesarias en momentos en que se estaría casi en el fondo del tesoro público, pero tampoco se aclara qué magia cambiaría la situación de la economía si tales medidas son aprobadas.

Algo similar pasó en Washington cuando el Ejecutivo presentó medidas urgentes para que el Congreso intervenga, lo que rebotó en críticas por parte de las senadoras más relevantes, tanto de los republicanos como los demócratas, en la Comisión de Energía, que insisten en que se han debido tomar medidas “creativas” mucho antes. La presidencia de la comisión acogió además el planteamiento de que las acciones del Congreso fallarían si no se incluye prioritariamente resolver el problema de la condición colonial –territorial, en nomenclatura de EEUU- que es lo que ha provocado todo el problema económico.

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