Desarrollador demanda activistas del Campamento Playas Pa 'l Pueblo : CMI-PR

El empresario y desarrollador Eduardo “Tati” Ferrer Bolívar ha demandado a varias personas y agrupaciones que conforman la Coalición Playas Pa’l Pueblo con el objetivo de apropiarse definitivamente de cinco cuerdas del Balneario de Carolina. El terreno está ubicado adyacente al Hotel Marriot de Isla Verde del cual Ferrer Bolívar es dueño. La demanda pretende eliminar toda oposición de aquellas personas y agrupaciones que desde el 2005 se han mantenido en defensa de los terrenos del Balneario, amenazando con que se le pague varios millones de dólares y que se remueva a los demandados de los terrenos. Se demandó también al Municipio de Carolina. Esa área del Balneario tiene un gran valor natural por ser uno de anidaje del Tinglar y es parte de la Reserva Marina de Isla Verde; las propuestas de ecoturismo y desarrollo sustentable que se desarrollan no solo conservarían el área, sino que generarían más empleos que un condo-hotel.

En 1996 la administración del entonces gobernador Pedro Rosselló González otorgó un contrato de arrendamiento por 99 años de un predio de cinco cuerdas colindante con el Hotel Marriot y el Balneario de Carolina, el cual es nulo. Según consta en las escrituras ese predio pertenece al Balneario de Carolina por lo que se considera un bien público y el traspaso del terreno a manos privadas es ilegal. No empece, el empresario Ferrer construyó un estacionamiento para el Hotel Marriot en parte de los terrenos que pertenecen al pueblo de Puerto Rico.

La demanda contra el Municipio de Carolina está basada en que éste no ha “removido” a las personas que desde el 2005 se movilizaron al lugar donde han levantado un campamento y han logrado proteger el lugar de la privatización. Ese año, el empresario comenzó a rellenar y a destruir vegetación, sin contar con los permisos gubernamentales requeridos, obligándose a detener el trabajo ante el revuelo que causó su acción y la demanda que se le radicó en el tribunal.

Después de haber estado litigando por más de siete años un Tribunal decidió que tanto los vecinos como las organizaciones que protegen el ambiente carecen de capacidad jurídica para cuestionar el contrato y ser parte del pleito lo que constituye un atentado contra cualquier ciudadano que intente defender el patrimonio público.

Exhortamos al gobernador Alejandro García Padilla a que sin mayor dilación intervenga en la solución de este conflicto que no debería tener razón de ser. Se trata de la protección de un bien público, la agencia que otorgó el contrato no tenía ni tiene facultad o autoridad en ley para cederlo, por el contrario su responsabilidad ministerial es custodiar los bienes públicos para beneficio del pueblo. El Municipio de Carolina también debe garantizar la protección de estos terrenos que son parte de su Balneario.