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Cuando el discurso de solidaridad se pretende acallar con la retórica de la hipocresía soc
por Jesús Delgado Burgos Tuesday, Dec. 11, 2012 at 2:20 AM
jdelgadoburgos@yahoo.com N/A N/A

Análisis de la construcción del discurso de la infamia a raíz del secuestro, crimen y asesinato de José Enrique Gómez Saladín

Cuando el discurso de solidaridad se pretende acallar
con la retórica de la hipocresía social y la infamia
(Reflexiones a raíz de un crimen horrendo)

Por: Jesús Delgado Burgos, Ph.D,
Caguas, Puerto Rico,
Diciembre de 2012.


"Según el testimonio de [Edwin] Torres, todo comenzó en la noche del jueves pasado [29 de noviembre de 2012] cuando se reunió en casa de la Prieta (Lenisse Aponte Aponte), con Alejandra Berríos Cotto (Nana) y Rubencito (Delgado Ortiz) y les dijo a sus compinches que necesitaba dinero para pagar la renta de su hogar en la barriada Morales." Limarys Suárez Torres, "Lo quemaron y mataron a tubazos", El Nuevo Día, 5 de diciembre de 2012, pp. 10-11.

¿Puede una persona en su sano juicio, tras secuestrar y asaltar a un individuo, asesinar a la víctima de la forma en que se describe, según el testimonio de uno los implicados? Aunque la pregunta parece ser retórica, ya que en nuestras nociones de sana convivencia social nadie en su sano juicio cometería dicha barbarie, no existe respuesta categórica ni absoluta a la misma. La respuesta a esa interrogante, que dirige más a la búsqueda de explicaciones de carácter psicológico para describir el perfil de los criminales, ha estado subyacente en algunas de las reacciones a ese horrendo crimen. Si se hiciese un sondeo de opinión, como acostumbran algunas emisoras de radio, con toda probabilidad muchas de las personas entrevistadas al respecto contestarían -imposible, sólo un desequilibrado mental o alguien bajo los efectos de narcóticos es capaz de hacerlo. – Otros, asumiendo un discurso con visos de prejuicio xenofóbicos argumentarán que ese tipo de asesinato es característico de los países del tercer mundo, y que nos estamos acercando a ello.

Desde que salieron a la luz pública, a través de la prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, los hechos relacionados a la desaparición, secuestro, robo de dinero perteneciente al publicista y su posterior asesinato en un paraje solitario de las inmediaciones del antiguo Penal de Guavate en Cayey, han sido miles las reacciones. Si se tratase de efectuar un análisis de la totalidad de los referentes culturales e ideológicos construidos en relación a la víctima, los victimarios y los hechos para interpretar esa cruda realidad, resultaría tal vez imposible. Ahora bien, dentro de ese conjunto de expresiones, destaca la solidaridad de los puertorriqueños para con los familiares de la víctima durante los primeros días de búsqueda y los intentos de análisis de las causas que motivan acciones de esa naturaleza. En nuestro desarrollo histórico la cultura de la solidaridad entre los puertorriqueños ha sido constante y vital para enfrentar momentos de crisis y definir etapas fundamentales en nuestro desarrollo como pueblo. La Masacre de Ponce, en marzo de 1937, los asesinatos de Antonia Martínez Lagares, Santiago “Chagui” Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela y Adolfina Villanueva, durante las décadas de 1970 y 1980; las luchas en defensa del idioma y la escuela pública, la movilizaciones a favor de la salida de la marina de guerra de Estados Unidos de Culebra y Vieques, el reclamo de la excarcelación de puertorriqueños prisioneros políticos y de guerra en cárceles estadounidenses, la Huelga del Pueblo en contra de la privatización de la telefónica (1997-1998) el cerco y asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, por agentes del FBI en septiembre de 2005, y la lucha universitaria en contra del alza de la matricula y la imposición de una cuota especial (2010-2011), entre otras tantas instancias, se han desarrollado y evidenciado el alto sentido de solidaridad social existente entre los puertorriqueños.
Tras las expresiones de solidaridad y explicación de las posibles causas, se evidenció un proceso de carácter regresivo de parte ciertos sectores de la sociedad civil y medios fabricantes de opinión en el que se manifestó un distanciamiento hacia José Enrique Gómez Saladín. Ya no se trataba de evidenciar los sentimientos de indignación de los puertorriqueños o de explicar las causas psicológicas o sociales del crimen, sino de lanzar afirmaciones y preguntas al aire conducentes a construir el discurso de la infamia con el objetivo de destruir la integridad moral de Gómez Saladín para hacerlo responsable de su propia muerte. En ese discurso, el hecho de su asesinato pasó a un segundo plano y comenzó a construirse la narrativa de la exclusión social por razón de preferencias sexuales, práctica de la prostitución masculina o femenina y lugar de residencia.

Arrestados los alegados autores del crimen y hechas las primeras confesiones, el asesinato en sí mismo dejó de ser noticia prominente y se sustituyó por el de la supuesta compra de servicios sexuales. El manejo de la noticia en esa dirección, cumplía varios propósitos a la vez. Por una parte, se pretendía convertirlo en corresponsable de su tragedia al tratar de inducir a pensar que “si no hubiese estado buscando prostitutas u homosexuales nada le hubiese ocurrido”. Más adelante, la noticia sobre la alegada compra de servicios sexuales fue acompaña de la metáfora de la calle Padial como “lugar de encuentro para la práctica de la prostitución”. El manejo de la noticia en ese sentido puso de manifiesto una vez más la ideología homofóbica, el prejuicio y los valores culturales fundamentalistas existente en amplios sectores de nuestro país que se promueven cotidianamente a través de la mayoría de medios de opinión pública. De igual modo se soslaya y pretende invisibilizar el hecho de que la prostitución, más que una práctica social, es una relación de oferta y demanda en el que una mujer o un hombre venden sus servicios sexuales a cambio de cierta cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades. En tanto práctica sexual, sociedades como la nuestra la catalogan de aberración y desvío de las normas socialmente establecidas desde el Estado, lo que conduce a considerarla conducta ilegal y sujeta a la condena o penalidades establecidas en el ordenamiento jurídico. En la medida en que dicha práctica es ilegitimizada por el Estado, al núcleo poblacional inmerso en el mercado de la prostitución se le considera objeto a ser perseguido, arrestado, encarcelado y procesado. Nociones que impiden considerar los factores de explotación a que son sometidos las mujeres y los hombres que venden su cuerpo a expensas de quienes los consideran mercancía al servicio de los consumidores de servicios sexuales. En esa misma perspectiva, hay que comenzar por reconocer también que existe una elite de ese mercado que en muy raras ocasiones es intervenido. Tal es el caso de los altos ejecutivos y empresarios nacionales y extranjeros que disponen de sus cuartos de hoteles, casas de masajes y damas de compañía sin que el Estado de derecho se considere violentado. Por tal razón, a los constructores de la opinión pública les resulta más fácil referirse a la calle Padial u otras como “lugares de encuentro” que a espacios similares en la zona del Condado con sus respectivos hoteles de cuatro o cinco estrellas en que existen formas bastantes sofisticadas para los trabajadores del sexo.

En momentos coyunturales como el presente, en que la mayoría de los puertorriqueños, tras cuatro años de represión y atropello en contra de las instituciones y procesos que son definitorias de nuestra identidad, tratan de sentar las bases para un nuevo proyecto de país, la solidaridad resulta fundamental. De ahí que, generar un discurso difamatorio y de infamia contra las víctimas de los males que ocasiona el propio sistema tiene como fundamento el socavar las bases culturales e ideológicas que estimulan dicha solidaridad. Es por eso que, el discurso para desviar la atención de la opinión pública hacia el mundo de las posibilidades y la homofobia, se acompaña con uno encaminado a trazar un perfil de lo puertorriqueño como algo bárbaro y salvaje en que, para esos que lo promueven, “es mejor montarse en un avión azul e irse del país.” De igual modo, y en la medida en que el discurso de la infamia está complementado con el seguimiento a la noticia y la morbosidad con que se construye la narrativa de los hechos que provocaron la muerte de José Enrique, tiene otro sustrato que no debe olvidarse: la insistencia de la fiscalía federal y sectores de opinión fundamentalista del país en aplicar la pena de muerte en Puerto Rico. Ello guarda estrecha relación con los intentos por quebrar la cultura de la solidaridad que nos define. En ese sentido, la reiteración constante y morbosa de los hechos, sobre ese u otros crímenes similares, sobre los cuales la esfera federal reclame jurisdicción, está encaminado a crear la mentalidad entre los puertorriqueños y eventuales jurados para hacer de la pena capital un hecho consumado. Por eso no es de extrañar planteamientos alusivos al referéndum del sí o no a la eliminación del derecho a la fianza. Unos han recriminado a los que se opusieron a la eliminación del derecho a la fianza haciéndoles cómplices del aumento en los índices de criminalidad. Otros, cónsonos con esa argumentación, lo plantean de manera sofisticada pero dirigido a ese mismo propósito. Tal es el caso, por ejemplo, de expresiones que hiciera Alex Delgado al indicar que “nos va la vida en este país y somos nosotros los responsables de no tomar acción”. Dicha expresión, que transita del lamento ante un país azotado por expresiones de violencia criminal a la pesadumbre ocasionada por el “no tomar acción”, que el autor transfiere al “nosotros”, pretende provocar en el lector la noción de que sólo acciones radicales como la pena de muerte o la portación de armas son necesarias para contener la ola criminal. Esto último, lo reafirma Magy Vargas, administradora de una armería al expresar en una entrevista que se le hiciera que si José Enrique Gómez Saladín “hubiese tenido un arma de fuego, aún estaría vivo”. En ese entramado discursivo, el contener la solidaridad como una de las expresiones de la cultura puertorriqueña en su praxis social intenta modificar la mentalidad de los puertorriqueños sobre el derecho a la vida y el rechazo a la pena capital de manera tal que se considere como una necesidad social esta última olvidando que el castigo y la pena de muerte en sí misma no es ni un disuasivo para los criminales ni muro de contención para la acción criminal. Ni tampoco lo es el incremento numérico de los efectivos policiacos nacionales o municipales y mucho menos la ampliación del intervencionismo de las agencias de seguridad federal en nuestro país.

El fortalecimiento de la capacidad represiva el Estado y programas de intervención como “golpe al crimen” o “dando en el punto” han fracasado. Si de veras se pretende atajar la ola criminal hay que comenzar por mejorar las condiciones de vida de los puertorriqueños creando la condiciones para hacer de la cultura del trabajo una realidad. Para ello hace falta, no más policías y mejores armados en las calles ni mayor intervencionismo del FBI en asuntos de justicia criminal en Puerto Rico. Se requiere ante todo un enfoque pedagógico y social. Todo programa encaminado a reducir la ola criminal y lograr que crímenes como el González Paladín y tantos otros no vuelvan a suceder tiene que comenzar por plantearse la transformación del sistema educativo como parte de un proyecto de país. No porque los maestros y maestra sean los responsables de la pérdida de valores entre nuestros jóvenes (como opinan algunos) sino porque la base fundamental para el desarrollo o crecimiento económico, social y cultural de cualquier país está en la formación de sus recursos humanos. Hasta tanto no se repiense y revolucione nuestro sistema público de enseñanza y se le considere la estructura fundamental para la transformación de Puerto Rico y los puertorriqueños cualquier programa de intervención resultará inadecuado y continuará prevaleciendo tanto la cultura del lamento entre los espectadores del problema y de la violencia injustificada e indiscriminada que pretende mantenernos en una especie de arresto domiciliario auto impuesto por el temor a estar en las calles. Ese enfoque no es novedoso. Desde hace un poco más de cinco siglos, Tomás Moro (1478-1535), en sus reflexiones sobre la utopía y una sociedad de equitativa convivencia social indicaba que la forma más efectiva para lograr evitar el crimen y las injusticias sociales estaba precisamente en la educación. En la conversación imaginada entre Rafael Hitlodeo (personaje creado por Moro para describir su República Utópica) y un Cardenal inglés, sobre el uso de la pena capital para castigar acciones criminales como el robo expresaba:
...esa pena, excesivamente severa y ajena a las costumbres públicas, es demasiado cruel para castigar los robos, pero no suficientes para reprimirlos, pues ni un simple hurto es tan gran crimen que daba pagarse con la vida ni existe castigo bastante eficaz para apartar del latrocinio a los que no tienen otro medio de procurársele sustento. En esto, no sólo vosotros, sino buena parte de los humanos, parecéis imitar a esos malos maestros, que, mejor que enseñarlos, prefieren azotar a sus discípulos. Decrétanse contra el que roba graves y horrendos suplicios, cuando sería mucho mejor proporcionar a cada cual medios de vida y que nadie se viese en la cruel necesidad, primero de robar, y luego, en consecuencia, de perecer. (p. 50)

…consentir que los ciudadanos se eduquen pésimamente y que sus costumbres vayan corrompiéndose poco a poco desde sus más tiernos años para castigarlos cuando, ya hombres cometen delitos que desde su infancia se hacían esperar, ¿qué otra cosa es sino crear ladrones para luego castigarlos? (p. 55)

La proporción de efectivos medios de vida descansa en el trabajo manual o intelectual, pero para ello es condición indispensable un sistema educativo adecuado a las necesidades sociales y culturales de los puertorriqueños. He ahí la clave más importante para hacer de Puerto Rico un nuevo país.

Referencias

(Alex Delgado, “Carta al Publicista José Enrique Gómez Saladín”, El Vocero, 6 de diciembre de 2012, p. 22.)

Juan Carlos Melo, “Armadas hasta los dientes para sentirse más seguras”, metro, 6 de diciembre de 2012, p. 3.

Limarys Suárez Torres, "Lo quemaron y mataron a tubazos", El Nuevo Día, 5 de diciembre de 2012, pp. 10-11.

(Miguel Rivera Puig, “Aumentarán patrullaje en Caguas”. El Vocero, 6 de diciembre de 2012, p. 10.)

Moro, Campanella, Bacon, Utopías del Renacimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 2001

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