El DE despilfarra dinero en proyecto educación especial. Pone en riegos fondos federales : CMI-PR

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El Departamento de Educación (DE) luego de invertir en seis años sobre $10 millones en la adquisición de un sistema de recolección de datos para niños de educación especial decide sustituir el mismo por un nuevo sistema que no ha sido validado ni informado al Gobierno Federal a un costo más alto.

Este cambio súbito de sistema de programación pone en riesgo sobre $120 millones en fondos federales para el programa de educación especial. La recolección de datos validados de los niños de educación especial por un sistema reconocido por el Gobierno Federal es fundamental para la otorgación de fondos federales.

Desde el 2006, el DE invirtió sobre $10 millones en la adquisición, entrenamiento y modificaciones locales de un sistema automatizado, aprobado por el Gobierno Federal, para esta tarea. La recolección de información es parte de los acuerdos del litigio de Rosa Lydia Vélez Vs. Awilda Aponte Roque/ Departamento de Educación de Puerto Rico.

Luego de seis años de inversión en modificar y adaptar un sistema validado de acuerdo a las necesidades del DE para este cumplimiento deciden arbitrariamente y sin previo aviso cambiar el sistema a uno nuevo que no se ha usado anteriormente para este propósito y fue creado este año. El costo del mismo sobrepasa el $1.5 millones al ya establecido anteriormente, que está comprobado y utilizado en más de 36 estados de Estados Unidos.

“Como padres de niños con necesidades especiales, expresamos nuestra extrema preocupación por las acciones que el Departamento de Educación de Puerto Rico (PRDE) ha tomado y que las mismas signifiquen reembolsar favores políticos a expensas del bienestar de nuestro niños.” expresó Rosin Carrasquillo, miembro del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial. “Nos enteramos en octubre, sin consultar a los padres, a los monitores federales o al Departamento de Educación de Estados Unidos, que el DE eliminó el programa anterior que cumplía con nuestras necesidades. Además, que transfiere el contrato a una empresa con fuertes vínculos al partido político en el poder”, añadió Carrasquillo.

El nuevo contrato sin subasta ha sido otorgado a Intelutions, una empresa de procesamiento de datos con contratos millonarios en Fortaleza, la Universidad de Puerto Rico y otras dependencias del gobierno. Esta firma ha sido mencionada anteriormente por la otorgación de contratos sin seguir los debidos procesos de subasta. Existen comentarios que la otorgación de los contratos con el gobierno se deben a que los directivos de esta firma Angel Mena y Julio Fuentes son donantes fuertes de campaña del Comisionado Residente, Pedro Pierluisi.

En octubre comenzaron las funciones de registro de estudiantes en el sistema de Intelutions, llamado MIPE. Esto ha ocasionado una crisis en los registros debido a que no ofrece las garantías procesales de el cumplimiento entre padres y el DE.

“Comencé a recibir llamadas de padres y facilitadores con la preocupación de que no podían registrar a niños con necesidades especiales, o en las escuelas o en el centro de servicio porque no tenían acceso al sistema o este se paralizaba en su proceso.” dijo Carrasquillo. No entendemos el cambio de sistema y poner en riesgo los fondos federales. Lo sensato era continuar con el sistema de SEASWeb, sistema de data anterior, el cual estaba a la par con nuestras necesidades. De ellos estar inconforme con SEASWeb, debieron abrir una nueva subasta, informar a los federales y mantener ambos sistema corriendo paralelamente para no perjudicar la data y los fondos federales.” concluyo Carrasquillo.

Si para el 31 de diciembre la data de los participantes activos de educación especial, conocido como el “Child Count” no está válido en todos sus renglones tales como terapias, evaluaciones y acomodo razonable, entre otros, la otorgación de los fondos federales se verá seriamente afectada, representando pérdidas millonarias para el programa de educación especial.

Entre otras alegaciones de la incapacidad del sistema sale a relucir la inexperiencia de la empresa Intelutions en educación especial de K-12 y la falta de notificación de cambio de sistema al Gobierno Federal. Lo cual puede redundar en multas, sanciones y pérdida de fondos federales.

En las pasadas semanas también, el Comité Timón de Madres y Padres de Niños con Impedimentos del Pleito de Clase de Educación Especial declaró un estado de emergencia ante la falta de diligencia del Departamento de Educación y de la administración gubernamental en respetar los derechos. A tres semanas de las elecciones, el grupo quiso dejar saber que el estudiantado de Educación Especial atraviesa una crisis nacional. Y ahora se suma esta nueva polémica que pone en peligro el futuro de los niños con impedimentos.