El Libertario # 66: Contra el chantaje electoral, ¡activemos la indignación! : CMI-PR

- Un país en metástasis (Humberto Decarli)

- El cáncer a extirpar (Cándida Eréndira)

- Amenazas de la actividad petrolera y cooptación del movimiento ecologista (Redacción)

- Cénit extractivista (Redacción)

- José Chacón: Luchando por la dignidad de los jubilados, pensionados y sobrevivientes de CANTV (Entrevista por Pepe el Toro)

- 27 aniversario de la Casa de la Mujer Juana Ramírez - Maracay (CMJRLA)

- Sobre Cecosesola: "La revolución es un caldo que sólo puede cocinarse a fuego lento" (John Holloway)

- Paseando por la ciudad homicida (Euclides Perdomo)

- Todos contra los indígenas (Carmen Aguilar)

- UCV: De tropeles, capuchas e incoherencias (Rodolfo Montes de Oca)

- Cumbre de Rio 2012: Sin acción real, con promesas vacías (Salvador Méndez)

- Geografía de guerra, poder ciudadano y organizaciones sociales (María Pilar García)

- José Manuel Del Moral: Otro inocente en el banquillo (Amigos de JM)

- Sentencias ficticias e impunidad policial en Lara (COVICIL)

- Argentina: Nuevo crímen policial en Trelew (ENA)

- Cuba: ¿Más papistas que el Papa? (Pablo Stefanoni)

- Ecuador: Razones de la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)

- Políticas sociales y miseria (Raúl Zibechi)

- España: Ya hemos tenido otra huelga general (F. García // CNT)

- Una discusión frustrada en New York (María Pilar García)

- Introducción al huerto urbano (Redacción)

- Las 7 Aes de la Idea Anarquista (Anónimo)

- De la propiedad social (Mariana)

- Anarquía y estética (Ricardo García)

- Twiteos desde el Solar de los Aburridos (Puye y Autogestione)

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Como anticipo del contenido del # 66, he aquí el texto del Editorial:

«La realidad sigue dándonos insumos para la razón libertaria. En la presente edición coinciden algunos textos sobre el acceso a la justicia en los 13 años de chavismo en el poder. Las reflexiones reiteran lo que hemos insistido: En Venezuela los cambios son sólo de nombre y las revoluciones de consigna. Como lo relatan, desde su propia experiencia, los «Amigos de José Manuel» o el Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara, la justicia sigue siendo un privilegio de los poderosos en el país. Los tribunales dependientes del “poder popular” institucionalizado, siguen castigando a los sectores humildes por ser pobres. Los recintos penitenciarios, como han registrado los grupos de derechos humanos, cuentan con un hacinamiento del 350%, teniendo un insólito 70% retardo procesal. Lo anterior es fuente de toda clase de humillaciones para los internos, en un caldo de cultivo que promueve la más cruel de las universidades del crimen en la región.

Estas mismas organizaciones, que actualmente tienen prohibida su entrada en las cárceles del país, han venido denunciando la ausencia no de un programa revolucionario de transformación del sistema de administración de justicia, sino de un mínimo plan que por lo menos mejore algunos de sus problemas fundamentales. Uno de los argumentos es la ausencia de independencia entre las decisiones del poder judicial y las apetencias del poder ejecutivo. La designación “a dedo” de la mayoría de los jueces se recompensa con sueldos estratosféricos para los magistrados y magistradas, que aseguran la fidelidad partidaria. Es por ello que sus decisiones responden a criterios diferentes a la justicia, otorgando impunidad o celeridad según convenga. Un ejemplo irrebatible fue el tiempo record que las investigaciones atraparon y sentenciaron a los funcionarios responsables del asesinato de la hija del cónsul chileno, mientras que centenares de policías, acusados de matar a muchachos humildes e inocentes, no sólo continúan libres sino que son ascendidos dentro de la institución. En los contados casos que la movilización y presión popular logran una sentencia, los policías asesinos cumplen algunos años de condena en la comodidad de sus comandancias, con todo y salario. Al poco tiempo vuelven a la calle tras recibir los llamados “beneficios procesales”.

Mientras los poderosos son intocables en el gobierno bolivariano, el resto somos apresados como animales en operativos policiales centrados en los sectores populares, los llamados “madrugonazos”. Los relatos de militantes chavistas de base desmontan la fácil acusación de «matriz mediática» con que se intentan desnaturalizar las denuncias. Casos como los de William Sanguino, o más recientemente el de Carlos Sieveres, -ambos militantes del oficialismo- demuestran que las torturas, incluso con electricidad, continúan siendo la práctica habitual de los policías y militares de este país.

Por otro lado, la presencia de policías armados en la marcha de trabajadores del 17 de marzo recuerdan que, con todo y leyes de “buenas prácticas policiales”, las normativas que dicen proteger derechos en el país son menos que letra muerta. En la Venezuela bolivariana, la impunidad es la norma y la justicia excepción. Si no pregúntenle a Roger Cordero Lara, el diputado del PSUV que bombardeó guerrilleros en la llamada “Masacre de Cantaura”, votando por la promoción de una anodina ley de castigo a los crímenes del pasado., que por supuesto a él no tocará, ni ahora ni nunca.

Mientras todas estas son las situaciones concretas padecidas por los sectores populares, la izquierda de cóctel y caviar, en el gobierno, sigue prometiendo un paraíso que nunca llegará. El adjetivo de proceso, con el engaño de ser una transición en donde “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”, sólo es la carta blanca para que una élite se enriquezca y el mercado mundial siga recibiendo, sin problemas, el petróleo venezolano.

La “revolución bolivariana” como cascarón vacío es particularmente evidente en estos momentos, cuando la posibilidad de desaparición de Hugo Chávez del escenario político agudiza sus claudicaciones y enfrentamientos internos. Después de una década de culto a la personalidad y concentración del poder en una persona, el chavismo no puede esconder que su movimiento adolece de consistencia interna, y que a falta de valores las reformas de utilería han sido posibles gracias al millonario ingreso petrolero de los últimos tiempos.

Frente a todo este panorama no hay atajos, sólo la voluntad de crear una verdadera alternativa, plural y transformadora, que supere el falso enfrentamiento entre las cúpulas de la Mesa de la Unidad Democrática y el Gran Polo Patriótico, bandos cuya principal motivación es el control de la renta petrolera. Enfrentados al chantaje electoral, nuestra apuesta es la recuperación de la autonomía beligerante de los movimientos sociales de base, el aumento de la conflictividad popular y la visibilización de las experiencias concretas de autogestión y enfrentamiento a la autoridad que se desarrollan a nuestro alrededor.»