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Apuntes para la respuesta tal vez innecesaria a un disparate triste...
por ortizfeliciano Monday, Jun. 14, 2010 at 1:36 PM
ortizfeliciano@yahoo.com 7874507311 por todos los caminos...

eso de 'Estudiantes que quieren estudiar' es un disparate (una voz repetitiva) como nonmenclatura ya que la palabra estudiante se define como "(Del ant. part. act. de estudiar). 1. adj. Que estudia. U. m. c. s.; 2. com. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza." (DRAE). Lo que plantea por asunto de definición la total innecesidad de suplementar de manera repetitiva el deseo de realizar la accion definitoria, Estudiante es quien estudia:" ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo"; lo cual es un acto voluntario aunque puedan incidir elementos de rigor, disciplina, sistema, oficio, etc. Lo que en el caso de tener que diferenciar a los estudiantes a base del verbo que los define pudiese decir por ejemplo: 'Estudiantes que no quieren estudiar' o 'Estudiantes que quieren estudiar en negligé', etc.

Apuntes para la resp...
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Leyendo las notas de estudiantes de Derecho asociados al proceso huelgaario, algunos que tengo el placer de conocer personalmente y otros que respeto y admiro sin haber los conocido todavia precisamente por su valiente entrega a unos ideales de justicia social y altruismo educativo me he topado con una supuesta demanda de un estudiante de Derecho a dichos estudiantes (y otros que no son de Derecho).

Mentiría si no dijese que la actividad intelectual posterior a la lectura del documento que supuestamente recoge dicha demanda y que aparece en el Internet fue por un rato realmente divertido (un breve divertimento literario). Confieso cierta debilidad de personalidad que me atrajo a realizar siquiera un asomo a los, digamos, problemas fundamentales de doctrina de Derecho que aquejan dicho documento y la demanda como ejercicio jurídico.

Lo cierto es que luego de componer ciertos apuntes que he de compartir sobre los temas obligados que sugiere dicha demanda de la manera que se encuentra esbozada y conceptualizada me he sentido invadido por una tristeza algo profunda. Me refiero no solo a que haya severos defectos doctrinales en el ejercicio de la demanda sino en la intencionalidad que se desprende de la misma. Es lamentable que un estudiante de Derecho tal vez excesivamente preocupado por sus intereses personales y privados se haya lanzado a semejante empresa sin sopesar que se expone a ser considerado como una persona que ha antepuesto sus pasiones egocentristas a realidades de valores superiores y colectivos. Es triste que alguien escoja ese sendero y luego para colmo sin estudiar adecuadamente sus argumentos se lance de buenas a primeras a mencionar nombres de personas a quienes pretende demandar sin verificar los fundamentos de dicho ejercicio. Es triste tanto por lo que puede significar para esa persona como individuo y futuro profesional como porque en su mirada de mundo ha obviado por completo el panorama de los derechos fundamentales obcecado por los derechos privados.

Vamos a ver de lo que se trata:

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra la libertad de expresión como uno de los valores de la más alta jerarquía constitucional, al disponer que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A.. Esa es la ley suprema en su rango preeminente.

El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que la libertad de expresión es una “raíz indiscutible del sistema democrático de gobierno”. Bonilla v. PNP, 140 DPR 294 , pág. 299; Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968).

A su vez se ha establecido en casos de daños y perjuicios que la libertad de expresión también puede ser una defensa, pues el ejercicio legítimo de un derecho es una causa de exclusión de antijuridicidad que elimina la culpa. Véanse Bonilla v. PNP, supra; Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 517.

En armonía con esta normativa, se ha enfatizado que el derecho a la expresión debe recibir el más alto grado de protección constitucional en nuestra sociedad pluralista. El libre intercambio de ideas, opiniones e información sobre los procesos gubernamentales y políticos permite que la toma de decisiones se realice de manera democrática. Bonilla v. PNP, supra.

Por tanto, es evidente la preeminencia del derecho a la expresión dentro de la protección constitucional.

Se ha señalado que las limitaciones a la libertad de expresión serán interpretadas restrictivamente, de manera que no abarquen más de lo imprescindible. Pedro J.Muñiz. Peticionario.v.Administrador del Deporte Hípico. Recurrido. Certiorari. 2002 TSPR 2. 155; Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 577 (1992).

La libertad de expresión se puede aducir en pleitos entre particulares. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 582; ELA v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974).

En los casos en los que se plantea como controversia el choque de derechos, sopesamos los intereses envueltos para determinar cuál derecho prevalece a base de las circunstancias particulares de la controversia. Corresponde establecer un balance entre los intereses de la libre expresión y los intereses de las circunstancias particulares en que se manifiesta la acción estatal o personal, y la naturaleza del interés privado que se quiere proteger. En otras palabras, el criterio rector para determinar si existe o no la referida protección es si quien la reclama tiene una expectative legítima bajo las circunstancias particulares y concretas del caso.

Reclamar remedios personales por concepto de expresiones constitucionales es pretender invertir el sistema del Derecho ubicando los derechos fundamentales debajo de derechos secundarios.

La doctrina considera que todos aquellos casos en los que la demanda solicite una remedio que en ningún caso podría ser concedidp, el tribunal debería inadmitirla a trámite. Es lo que parte de la doctrina que se ha denominado falta de accionabilidad. Inciden elementos de frivolidad por insustancial y en el peor de los casos consideraciones de temeridad por excesivamente imprudente. Un ejemplo que raya en las ridiculeces conceptuales es demandar a un partido que gana las elecciones por ganar o por hacer esfuerzos legitimos para ganar; es sugiero bastante parecido a demandar a personas que legitimamente hacen uso de su derecho a expresarse colectivamente ya que las elecciones son una forma de manifestar el derecho a expresarse colectivamente de un pueblo.

Una nota adicional: Leyendo los nombres a quienes el estudiante menciona notamos hasta el nombre de una profesora de Derecho que luego en sus alegaciones no hace ni el menor esfuerzo de explicar o implicar en su, someto, alocada teoría de los derechos y hechos expuestos. Insisto es muy triste este episodio, penoso y eminentemente injusto con los estudiantes y personas mencionadas.

Repito confieso haberme disfrutado este esbozo de notas pero muy sinceramente luego lo que me he sentido es muy triste y hasta dolido por dicho estudiante de Derecho que ha escogido andar un sendero tan angosto y evidentemente muy mal aconsejado.

Posdata.- La demanda revela un delirio individualista de un estudiante en franco y abierto rechazo y repudio a los conceptos colectivos y sociales de la Universidad de Puerto Rico: es ver la experiencia universitaria exclusivamente como un medio de mejora personal y obviar los deberes que tiene la universidad con el pueblo.

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