Defender la Educación Pública ante los $100 millones en recortes al presupuesto : CMI-PR

Los administradores de la UPR nos han quitado en unas cuantas semanas casi 100 millones de dólares. Esa es la cantidad que el nuevo Presidente, José Ramón de la Torre, propone reducir del presupuesto total de la UPR a través de recortes a diferentes partidas.

Algunas de las medidas que tomará la administración universitaria, según circulado en la prensa local, son las siguientes:

Reducirá:

* la compra de equipos en $4.5 millones de dólares.
* la compra de libros para las bibliotecas de los 11 recintos en $4.5 millones.
* la partida para materiales y suministros en $11 millones.
* la nomina—repartido entre pagos de compensaciones regulares y verano, diferenciales de turno, horas extras, contratos temporeros y jornales—en $16 millones.

Además,

* abrirá ventanas de retiro para jubilar más empleados.
* congelará las plazas de los empleados que se jubilen.
* eliminará las exenciones de matrícula (deportivas, musicales, parentales y académicas)
* intentará eliminar totalmente las clases de verano.
* Renegociará los costos del Plan Médico con la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), buscando reducir la aportación patronal.

La reducción total del Presupuesto Operacional es casi del 10%.

Los efectos directos de estas reducciones amenazan la sobrevivencia misma de la Universidad Pública. Todas estas medidas afectan los servicios, empeoran las condiciones de trabajo y estudio, y reducen derechos laborales. O sea, todas atacan a trabajadores, profesores y estudiantes.

Es ahora que caminamos en una universidad en ruinas, sin materiales para los profesores, trabajadores ni estudiantes, sin espacios óptimos de estudio, sin garantía de que nos graduemos tal cual lo estipulamos; imagínense cuando el recorte tajante de $100 millones tenga efecto. El poco papel que nos puedan dar nuestros profesores será inexistente, la poca oferta académica se reducirá cada vez más, acortarán aún más los horarios de los espacios de estudio, y encima de eso nos exigirán a todos y todas hacer más por menos.

Un ejemplo de la relación de la crisis y el recorte de presupuesto en la interrelación trabajador/a-profesor/a-estudiante (congelando plazas de profesores y empleados no-docentes; congelando aumentos al salario; disminuyendo la cantidad de estudiantes a matricularse; entre otros) es las condiciones de un estudiante a Jornal al interior de una oficina. Hace el trabajo de las plazas congeladas en menos horas, por una paga mísera y sin beneficio alguno. Igualmente, un estudiante cuyos profesores estén contratados recibe la presión de todos estos a quienes a su vez se les indica desde arriba que tienen que afinar su método de enseñanza pues compite con otros profesores en lista, amenazando su estancia en la universidad. Esto responde a nuestra pregunta: ¿por qué siento que ahora los profesores exigen más, como si fuera la única clase que tuviéramos? Ni hablar del servicio administrativo que recibimos a veces con mala gana luego de esperar horas en una fila. Si miramos adentro, una oficina que debe correr con 20 empleados corre ahora con unos 7 y algunos estudiantes. Por eso las quejas y el malestar.

Y eso es sin ver en ninguna parte que los altos funcionarios de la Junta de Síndicos se bajan el salario o que se eliminan puestos innecesarios de asesoría. Esta es la Universidad que enfrentamos ahora, ¿cuál será la que enfrentemos después de los recortes? No habrá condición alguna que nos alegre de estar allí.

Se trata de una realidad importante que hace aún más necesaria la solidaridad: las condiciones de trabajo de los empleados universitarios son las mismas condiciones de estudio de los estudiantes, y viceversa. La consigna de un ataque a uno es un ataque a todos recobra un significado vital en este momento para los universitarios.

La llamada “Comunidad Universitaria” es la que pagará con su sacrificio el déficit, según desea De la Torre, mientras el único renglón que aumentará en la aportación presupuestaria será el PAGO DE LA DEUDA que crecerá en más de $7 millones de dólares el próximo año, según confirma el mismo Nuevo Día.

El contraste entre una universidad pública, financiada con dinero del pueblo, pero al servicio de las grandes empresas, de los bonistas y banqueros nunca ha sido tan evidente.

Esto no debe extrañar a nadie, es la lógica con la que han gobernado los últimos 30 años los gobiernos de un partido y otro el resto del país. Durante los últimos quince, la privatización se ha hecho la norma en cada uno de los recintos universitarios. En los Recintos más pequeños, la amenaza es de venderlos. La Universidad Neoliberal, como se le ha conocido internacionalmente a las universidades dirigidas por y para los empresarios, se ha vuelto realidad en la UPR.

Necesaria la organización

Sin embargo, la respuesta a estos ataques parece, como en el resto del país, muy tímida y demasiado calmada. Nos golpean fuerte, privatizan la universidad por cantos, empeoran los servicios, suben las facturas, amenazan el principio mismo de la educación pública…y el ruido es muy poco en los pasillos y facultades.

Por eso, llamamos a organizarse para detener estos recortes presupuestarios y evitar la perdida de más derechos. El elemento con el que intentarán justificar los recortes de clases, el cierre de bibliotecas, la falta de equipo, el despido y la subcontratación, es el presupuesto. A la vez, todos los sectores se verán afectados, por diferentes ángulos, simultáneamente.

Es necesario que nos organicemos para enfrentar todo esto. Decenas de estudiantes llevan organizándose en comités de lucha durante el último año, desde que los aires de la Ley 7 y los recortes presupuestarios comenzaron a soplar en dirección a la UPR. Así surgió durante el verano de 2009 el Comité de Estudiantes en Defensa de la Educación Pública (CEDEP).

Con las movilizaciones de protesta por los despidos en el gobierno, surgieron algunos comités, y más estudiantes se agruparon para debatir y actuar contra las medidas gubernamentales. Surgieron diversos Comités de Acción en varias facultades.

Estos comités de lucha—unos y otros—deben servir tanto para responder a los ataques continuos de la administración como para plantear la defensa de la educación pública

Los trabajadores no docentes agrupados en la HEEND y en el Sindicato de Trabajadores de la UPR (ST), deben estimular igual defensa en sus uniones. Las presidencias de ambos sindicatos han prometido luchar en la calle para defender los derechos adquiridos y el convenio, pero han estado haciendo muy poco para mantener movilizados a sus matrículas, y el descontento es bastante evidente entre los trabajadores.

Animamos en este boletín a organizarse a aquellos trabajadores descontentos con la inacción y la desorientación de los líderes sindicales. Desde sus oficinas, unidades o áreas, es posible presionar y empujar acciones más contundentes de información y movilización al interior de sus uniones. Hace falta trabajadores y trabajadoras dispuestas a presionar en estas uniones para moverlas a la acción.

Los profesores también se han manifestado contra los recortes. Hace casi un año, una asamblea de delegados de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) votó a favor de una huelga contra la Ley 7 y el ataque a la educación pública. La APRUM, la asociación de profesores del Recinto de Mayagüez, también se ha expresado y ha dicho estar dispuesta a participar activamente contra las acciones del gobierno. Aunque hace falta aún más que toda esa voluntad se materialice en acciones, es un paso importante contar con la disposición expresa del profesorado.

A los/as estudiantes también les toca luchar. Debemos buscar el comité de lucha más cercano en nuestra facultad, asistir a sus reuniones y ayudar a defender la educación pública. Cada vez harán falta acciones más contundentes de resistencia para frenar los recortes y evitar la perdida de servicios. Algún sector debe romper la quietud y la parálisis. Si los estudiantes, trabajadores y/o profesores tenemos la oportunidad, debemos aprovecharla para lanzarnos a defender lo que es nuestro. Nuestra lucha puede ser la mejor manera de estimular las movilizaciones contra la Ley 7 en el resto del país. Es momento de actuar.