El 9/11 de Fortuño: Fuego de la Gulf en Cataño : CMI-PR

El 6 y 7 de octubre, antes del paro general del día 15 de octubre, el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, el Secretario de Justicia, Antonio Sagardía, así como el Jefe de la Oficina de Prensa del gobernador, Marcos Rodríguez Ema, llamaron “terroristas” a aquellos que iban a participar en el paro.

Esta estrategia, que incluyó amenazas de cargos federales si se bloqueaban los puertos, se ha convertido en la forma de intimidación más efectiva contra el movimiento de resistencia a las políticas patronales del gobierno. A raíz de estas acusaciones (antes de que ni siquiera ocurrieran), Víctor Rodríguez, líder del Frente Amplio de Camioneros, indicó que no detendrían el flujo de productos al país.

El 23 de octubre a las 12:30 am, se desató un fuego en Caribbean Petroleum, en Cataño. Antes de que se iniciara la investigación, ya el gobierno sugería que las “uniones” estaban envueltas en este incendio. Sin evidencia de tal posibilidad y argumentando que un graffiti bajo el túnel Minillas indicaba la posibilidad de mano criminal, Luis Fraticelli, director del FBI sugirió que podría tratarse de un acto terrorista. La prensa ha especulado todo el día de hoy sobre esta posibilidad.

La UTIER ha denunciado en “Primera Hora” (23 de octubre) que el gobierno ha tomado “medidas extremas” y no deja entrar al liderato de la unión a varias plantas. El gobierno sustituye a los unionados con personal gerencial como medida preventiva contra posibles actos de “terrorismo”, dijo un comandante de la policía a la periodista de Telemundo.

De este modo, Fortuño aprovecha esta desgracia ecológica para atacar a los que se oponen al despido de 17,000 empleados en el gobierno. Ya la Guardia Costera, la EPA y el FBI están envueltos en toda la operación, desde el control del fuego hasta la investigación.

Inmediatamente, la coalición “todo Puerto Rico por Puerto Rico” negó cualquier relación con el siniestro. Es más que claro que el gobierno busca un chivo expiatorio para criminalizar a la oposición. Este caso nos recuerda el incidente de Palo Seco bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, en el cual se acusó a la UTIER de haber incendiado una planta generadora de electricidad, aún cuando los trabajadores habían reportado problemas con el funcionamiento de la planta. Como en el caso de Palo Seco, los trabajadores de Caribbean Petroleum habían reportado unos “olores raros” el día anterior.

Lo más trágico de este evento es que los pobres son los que más sufrirán. No es un secreto que el gobierno, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, permite que compañías altamente contaminantes y que comprometen la salud de los trabajadores, se ubiquen en las áreas de comunidades pobres.

Las comunidades negras en los Estados Unidos y los trabajadores pobres en Puerto Rico viven cerca de aeropuertos, fábricas y petroquímicas. El caso mejor conocido es el de la petroquímica CORCO, en Guayanilla. Muchos son los testimonios que han dado los puertorriqueños por radio. Ellos recuerdan las explosiones en la CORCO cuando la misma funcionaba. En las explosiones murieron muchas personas. La CORCO se ubicó en un valle muy fértil en el sur de la isla. Hoy esa tierra yace muerta y las playas circundantes han sido limpiadas numerosas veces, algunas sin éxito.

Otro caso conocido fue el de la explosión de gas en Río Piedras. La compañía San Juan Gas sabía que había fugas de gas y lo ignoró hasta el punto que ocurrió un desastre. Otros casos menos conocidos son los de las facilidades de la farmacéutica Upjohn”, el vertedero de Barceloneta, el vertedero de Juncos, Scorpio Recycling, Papelera Puertorriqueña, el área de entrenamiento para armas de aviones en Vieques, entre otros. Estos hechos corroboran las posiciones de las comunidades que han protestado por la construcción del gasoducto en el sureste de la isla. La construcción del gasoducto tan cerca de estas comunidades corrobora la política de un gobierno para el cual la vida de los trabajadores no vale nada.

En Puerto Rico existen 14 “superfund sites” de acuerdo a las leyes ambientales del Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA). Estas son áreas sumamente contaminadas, donde no es seguro vivir. Sin embargo, todas las compañías contaminantes están en áreas muy pobladas o cerca de cuerpos de agua de los cuales recibimos nuestro servicio de agua potable. La salud y la pobreza no van juntas. La preocupación fundamental del gobierno es apagar el fuego, resolver el desastre creado por una compañía privada al ubicar un almacén de combustible en un área sumamente poblada. Son las ventanas, las casas de madera y las casas baratas de las comunidades pobres, como Puente Blanco y Levittown el barrio Amelia, las que sufren por la explosión. Son estas comunidades las que tienen que lidiar con las decisiones de un gobierno que le otorga permisos de construcción a industrias sumamente contaminantes y nocivas para la salud de los pobres.

La ironía de este desastre de salud y ambiental, es que los bomberos, enfermeras, empleados del Departamento de la Familia, que trabajarán directamente para resolver los problemas del desastre, son empleados de las mismas instituciones en que se recibieron cartas de despido hace unas semanas. Los empleados despedidos aún no han dejado de trabajar. ¿Quién va a acudir a apagar fuegos o a trabajar con las familias en el futuro, cuando se cumplan las cesantías?

Mientras el gobierno desarticula los servicios públicos para justificar la privatización y le regala el país a los inversionistas de las Alianzas Público-Privadas durante este fin de semana, una compañía privada crea un desastre que le costará millones al gobierno. Cuando la industria privada crea desastres ambientales y de salud, el que los resuelve es el gobierno.

Se debe rechazar el intento del gobierno de culpar a los que se oponen a sus políticas de despidos aún antes de empezar una investigación. No permitamos que el gobierno destruya la oposición llamándolos “terroristas”, como usó Bush la desgracia del 9/11 como excusa para invadir Irak. NO al 9/11 de Fortuño.

Independientemente de lo que resulte de la investigación, hay que rechazar las políticas del gobierno al permitir la ubicación de farmacéuticas, refinerías, gasoductos o almacenes de combustibles en áreas cercanas a las poblaciones pobres. La clase trabajadora no debe pagar por los desastres climáticos y de salud que producen los empresarios, quienes, al fin y al cabo, no tienen que vivir cerca de petroquímicas, las fábricas ni los aeropuertos. Los únicos terroristas son los ricos que hacen miles de millones de dólares a costa de la salud de todo un pueblo. Fuera las empresas contaminantes del país. Que este desastre lo paguen los ricos.