Comunicado CONAPU sobre alza costo matrícula UPR : CMI-PR

También falta a la verdad la administración cuando dice que responde a las “recomendaciones hechas por la comunidad universitaria resultantes de la consideración del informe del Comité Asesor sobre Financiación Institucional (CAFI)”. Contrario a las declaraciones de la Junta de Síndicos y del Presidente de la UPR, el aumento decretado en el costo de la matrícula no fue recomendado por la comunidad universitaria. Por el contrario, la comunidad universitaria coincide en que no se dio la oportunidad de discutir ampliamente el informe, que la administración llevó a cabo un proceso pro forma, apresurado y atropellante. En verdad, el gran consenso de la comunidad universitaria es el de oponerse al aumento y pedir que se haga un estudio gerencial que evalúe lo que cuesta la administración, que analice el por ciento del presupuesto que se invierte en gastos administrativos y los gastos superfluos que no aportan a la academia y que se pondere la necesidad de mantener el organigrama de la administración central.

La crisis en la UPR ha sido una crisis gerencial provocada por años de despilfarro y ahora pretenden injusta e inequitativamente que el pueblo trabajador, estudiantado, personal docente y no docente paguen por los problemas y errores de la Administración de la UPR.

Las Certificaciones número 60 y 61 2006-2007 utilizan un lenguaje demagógico cuando señalan que el costo de la educación superior debe asentarse sobre “bases equitativas, que permita (sic) compartir los costos de la educación entre las generaciones que la reciben.” Señalamos que, por el contrario, se generará un problema de “inequidad” intergeneracional. En los salones de clases habrá simultáneamente estudiantes que estarán pagando cantidades diferentes por el mismo curso, con los mismos recursos y las mismas obligaciones. ¿En qué medida esto podría plantear un conflicto para la familia puertorriqueña que se vería ante la disyuntiva de tener que decidir cuál de sus hijos/as irá a la universidad? ¿Conflige esto con la Ley Número 2 de la UPR del 1966 que establece que la educación universitaria se ofrezca al menor costo posible?

La UPR no es una empresa con fines de lucro, sino que existe para cumplir una necesidad social del pueblo de Puerto Rico. En reconocimiento a la importancia de esa misión social, la universidad pública ha sido protegida con la otorgación del 9.6 por ciento del fondo general que se nutre de las contribuciones que paga el pueblo trabajador. A pesar de esto se ha aprobado un aumento en la matrícula que constituye otro golpe al bolsillo del pueblo sin tener en cuenta ni sus salarios, ni las becas, que no se ajustan a la inflación.

El Presidente también falta a la verdad cuando dice que con el aumento “todos se verán beneficiados”. Mientras aumentan el costo de la matrícula, se están tomando medidas en contra del profesorado para dejar fuera del sistema o pagarle menos a un gran por ciento de docentes que trabajan por contratos temporeros o de servicio, en los que se pagan salarios por debajo del índice de pobreza en Puerto Rico. . Somos precisamente los y las docentes quienes podemos testimoniar que estos aumentos no mejoran las condiciones educativas, ni laborales, ni académicas. Responden, en su lugar, a los bonistas para aumentar el margen prestatario y continuar endeudando al pueblo de Puerto Rico.

El aumento escalonado que acaba de decretarse en el costo de la matrícula y el empeño en comparar el costo de la matrícula de la UPR con el costo de las universidades privadas y estadounidenses demuestran la tendencia a la privatización de la educación pública de Puerto Rico. La comunidad universitaria y particularmente su sector docente a través de las asociaciones de profesores defenderemos el contrato social del pueblo de Puerto Rico con la educación pública y combatiremos estas tendencias privatizadoras que van deteriorando nuestras condiciones de trabajo y convirtiendo la educación superior en espacio privilegiado para unas minorías.